El alto endeudamiento con la Nación, el moderado desarrollo productivo que lograron alcanzar la mayoría de las provincias y el mercado crediticio externo cerrado condena a los gobernadores a mantener una dependencia financiera directa de la Casa Rosada.

Otros factores como el peso del gasto salarial -por la estructural preponderancia del empleo público- también son determinantes para que el margen de maniobrabilidad económica de los jefes de estados provinciales se reduzca bastante.

Las economías locales crecieron por encima del 8% anual en siete de los últimos ocho años, pero los gobernadores de las provincias aún no lograron equilibrar la balanza entre ingresos y egresos de fondos debido a causas estructurales que deberán ir corrigiendo con el tiempo.

Las cajas provinciales destinan en promedio uno de cada dos pesos a salarios y además deben afrontar el financiamiento de la educación, la salud y la seguridad, mientras que las principales obras de infraestructura dependen de la firma presidencial.

La colosal deuda de las 24 jurisdicciones alcanzó su nivel máximo de $ 100.356 millones en 2009, iguales al 8,8% del PBI nacional, y bajó con fuerza por el Programa Federal de Desendeudamiento (PFD) lanzado ese mismo año.

Dieciséis provincias reestructuraron su deuda -equivalente al 89% del total- hasta 2030, y tendrán que pagar $ 68.353 millones en 257 cuotas. El resto del pasivo corresponde a créditos tomados en organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID y a bonos que permanecen en manos privadas.

El PFD significa una reducción del pasivo y ahorro por el diferimiento de plazos y disminución de intereses, pero los compromisos mensuales seguirán siendo elevados para las deficitarias cuentas provinciales.

Además, la Nación conservó la potestad de descontar de la coparticipación de impuestos los vencimientos mensuales si una jurisdicción se atrasa en los pagos, por lo que el ahogo o el alivio transitorio de un gobernador endeudado dependerá de la decisión política que resulte de Olivos.

Restricciones

Salir ahora al resquebrajado escenario financiero internacional a colocar un título está lejos de las posibilidades, sobre todo de las provincias más pequeñas, por las altas tasas y las puertas cerradas que mantiene la deuda en default de la Argentina con el Club de París. Colocar un bono o esperar el auxilio del Gobierno central, vía Aportes del Tesoro, tampoco son la salida dado que sólo profundizarían el pozo hacia futuro. A la hora de anotar los recursos "genuinos", los gobernadores dependen principalmente aún de los volátiles precios de los granos o de las regalías petroleras. Captar mayores inversiones, darle valor agregado sus economías e incrementar sustancialmente el empleo privado sumerge como la única salida para las provincias de cara a recortar la dependencia histórica que pesa en sus espaldas.